Desde Económicas UNICEN promovemos el análisis y la difusión de los temas que impactan en el ejercicio profesional de las Ciencias Económicas. Hoy, compartimos una visión menos normativa sobre los cambios provocados por la ley 27.802 conocida como de “Modernización Laboral”. En esta oportunidad es abordada en el marco de las Ciencias Administrativas desde una perspectiva de Gobernanza Sustentable. La colaboración proviene de un artículo más extenso llevado a cabo por el Dr. Daniel José Vinsennau -ex profesor titular del Departamento de Administración de esta Casa de Estudios- y sintetizado para esta ocasión.

Gobernanza Corporativa y Ley 27.802: El Desafío de Equilibrar la Eficiencia Legal con la Cohesión Interna

Dr. Daniel José Vinsennau

La Ley 27.802 de Modernización Laboral no puede leerse solo como un instrumento técnico orientado a la competitividad: exige un abordaje desde las Teorías de la Organización, atento a sus tensiones paradigmáticas. La distinción de Habermas (1987) entre racionalidad instrumental y racionalidad orientada al entendimiento, junto con la teoría de la estructuración de Giddens (1984) —que muestra que las reglas organizacionales se reproducen por la agencia de los actores, no de modo determinista—, habilitan esa mirada. Los aportes de Jarrahi, Lutz y Newlands (2022) sobre gestión algorítmica refuerzan la idea: la automatización directiva no debe subordinar el criterio humano, sino generar un aumento mutuo entre flexibilidad tecnológica y autonomía del trabajador.

Para evitar reduccionismos, el estudio recurre a la teoría de la complejidad de Morin (1990) y a una meta-triangulación epistemológica que articula tres vertientes: la funcionalista (AGIL de Parsons, 1951), la interaccionista (sensemaking de Weick, 1995; negociación identitaria de Blumer, 1969 y de Goffman, 1959) y la crítica (CMS de Alvesson y Willmott, 2002; analítica del poder de Foucault, 1975; sociedad del rendimiento de Han, 2010-2012). Se suma la teoría de las paradojas organizacionales de Smith y Lewis (2011) para comprender demandas contradictorias pero concurrentes.

Metodológicamente, es un estudio cualitativo de caso único, con análisis documental hermenéutico de la ley, segmentada en diez vectores empíricos (Fondo de Asistencia Laboral, Banco de Horas, primacía de convenios por empresa, entre otros), procesados mediante una Matriz de Análisis de Procesos de Modernización Laboral (MAPML) de diseño propio, que cruza cada variable con las tres dimensiones teóricas más una mirada institucional-política.

El análisis integrado revela cuatro tensiones críticas, cada una observada desde una vertiente específica de las Teorías de la Organización:

Tensión Temporal y Racionalización — análisis funcionalista e interaccionista: desde el análisis funcionalista, instrumentos como el FAL, el Banco de Horas y la extensión del período de prueba otorgan previsibilidad financiera y adaptabilidad a las firmas. Sin embargo, desde el análisis interaccionista, esa misma certidumbre corporativa desestructura la frontera biográfica y familiar del trabajador, transmutando la flexibilidad en precarización subjetiva.

Descentralización y Asimetría Institucional — análisis institucional: desde el análisis institucional, la primacía de los convenios por empresa incrementa la capacidad de respuesta local. No obstante, esta misma mirada —apoyada en Durkheim, 1983-2004— advierte que fragmentar la negociación colectiva debilita las tramas de solidaridad orgánica, reduciendo la capacidad de los trabajadores para equilibrar fuerzas en espacios de negociación con marcada disparidad.

Autonomía e Individualización del Riesgo — análisis crítico: desde el análisis crítico, la creación de figuras como el trabajador independiente con colaboradores redefine los mapas cognitivos de protección: la autonomía formal es asimilada por el management como una exigencia funcional, donde el sujeto interioriza las metas de la firma y se asume como “empresario de sí mismo”, autoexplotable y responsable absoluto de sus contingencias operativas.

Regulación del Conflicto — análisis político: desde el análisis político, las restricciones a las medidas de fuerza se orientan a asegurar la continuidad productiva y la gobernabilidad corporativa. Sin embargo, esta misma perspectiva advierte que limitar los canales de representación legítimos y el procesamiento institucional del conflicto erosiona a largo plazo las bases de la cooperación voluntaria y la cohesión interna.

Conclusiones

La Ley 27.802 no elimina el conflicto histórico entre eficiencia económica e integración social, sino que transfiere riesgos e incertidumbres desde la organización hacia la subjetividad del trabajador. La sostenibilidad real no está en maximizar la flexibilidad, sino en administrar dialécticamente la paradoja entre adaptación e integración. Las políticas de modernización requieren, entonces, combinar competitividad con dispositivos colectivos de diálogo y protección para evitar anomia, vulnerabilización y fragmentación social.

Bibliografía: Detallada en artículo original a disposición del Departamento de Comunicaciones.